En México, las family offices se conocen comúnmente como “oficinas familiares” o “family offices”. Aunque el término “family office” se utiliza cada vez con más frecuencia en el país debido a la creciente adopción de términos y conceptos internacionales en el sector financiero y de inversiones.
Las oficinas familiares en México suelen ser estructuradas como empresas familiares independientes que se dedican exclusivamente a la gestión del patrimonio de una familia. Algunas de ellas pueden ofrecer sus servicios a otras familias, siempre y cuando se ajusten a sus criterios de inversión y patrimonio.
Servicios
Las oficinas familiares en México ofrecen servicios de administración y gestión de patrimonios de familias de alto patrimonio neto y ultra alto patrimonio neto. Estas oficinas proporcionan servicios personalizados para ayudar a sus clientes a administrar sus inversiones, realizar una planificación financiera integral, realizar una planificación fiscal, estructurar la sucesión y la planificación patrimonial, y en algunos casos, ofrecen servicios de asesoramiento en filantropía, servicios de conserjería, recursos educativos y administración de estilos de vida.
El nivel del servicio ofrecido por una “family office” puede variar dependiente del tamaño y complejidad de la riqueza familiar, así como sus necesidades y objetivos. Algunas “family offices” se pueden especializar en una cierta clase de activos específicos, tales como bienes raíces o capital privado, mientras que otras pueden ofrecer un paquete de servicios más completo.
Regulación
Es importante destacar que la regulación de las oficinas familiares en México puede variar según el estado donde operen, por lo que es recomendable que las familias que deseen contratar sus servicios se aseguren de que estén registradas ante las autoridades correspondientes y que cumplan con las regulaciones y normativas aplicables.
En cualquier caso, aun y cuando una “family office” esté exenta de registrarse, es una buena práctica contar con un programa de cumplimiento para asegurarse que cumple con los estándares de ética y mejores prácticas en la prestación de sus servicios.